JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SUP-JDC-745/2015 Y ACUMULADOS.

ACTORES: YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZALEZ OROPEZA.

SECRETARIA: HERIBERTA CHÁVEZ CASTELLANOS.

México, Distrito Federal, a ocho de abril de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con los números SUP-JDC-745/2015, SUP-JDC-746/2015, SUP-JDC-747/2015 y SUP-JDC-748/2015, promovidos por Yolanda Olga Acuña Contreras, José Armando Pruneda Valdez, Lariza Montiel Luis y Jesús de León Tello, respectivamente, en su carácter de diputados plurinominales de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, contra la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de dicha entidad federativa, que desechó los juicios ciudadanos locales números 03/2015, 04/2015, 05/2015 y 06/2015, acumulados.

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Antecedentes. De lo narrado en los escritos de demanda y de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente:

I. Publicación de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila. El treinta de diciembre de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el Decreto número 729, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

II Instalación del Congreso. El primero de enero de dos mil quince, se declaró legalmente constituido el Congreso del Estado independiente libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, e instalada la Sexagésima Legislatura.

III. Acuerdos del Congreso del Estado. El seis de enero del año en curso, se declaró legal y formalmente constituida la Junta de Gobierno de la LX Legislatura, los Grupos y Fracciones Parlamentarias, así como las Comisiones Dictaminadoras Permanentes y Comités respectivos.

IV. Juicios ciudadanos locales. El nueve de enero del año en curso, Yolanda Olga Acuña Contreras, José Armando Pruneda Valdez, Lariza Montiel Luis y Jesús de León Tello, promovieron sendos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para impugnar los acuerdos emitidos por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, precisados en el punto que antecede, a los que les correspondieron los números 03/2015, 04/2015, 05/2015 y 06/2015, respectivamente, del índice del Tribunal Electoral de esa entidad federativa.

V. Acto impugnado. Seguidos los juicios por sus trámites legales, el diecisiete de febrero de dos mil quince, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila, dictó sentencia en los expedientes números 03/2015, 04/2015, 05/2015 y 06/2015, acumulados, al tenor del siguiente punto resolutivo:

ÚNICO. Se DESECHAN DE PLANO los Juicios Ciudadanos promovidos en contra de los acuerdos de fecha seis (6) de enero del año en curso, mediante los cuales se constituyeron la Junta de Gobierno, los Grupos Parlamentarios y las Fracciones Parlamentarias, así como las Comisiones Dictaminadoras Permanentes, en particular la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura del Congreso del Estado.

SEGUNDO. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

I. Promoción de los juicios ciudadanos. Disconformes con la resolución antes mencionada, Yolanda Olga Acuña Contreras, José Armando Pruneda Valdez, Lariza Montiel Luis y Jesús de León Tello, presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, sendas demandas de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, haciendo valer los motivos de disenso que estimaron convenientes.

II. Recepción del medio de impugnación. El dos de marzo de la presente anualidad, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior diversos oficios, suscritos por el Presidente del Tribunal Electoral del Estado Libre y Soberano de Coahuila, por los cuales remitió los escritos de demanda antes mencionados.

III. Turno. En la misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió diversos acuerdos por los cuales ordenó la integración de los expedientes SUP-JDC-745/2015, SUP-JDC-746/2015, SUP-JDC-747/2015 y SUP-JDC-748/2015, así como turnarlos a la Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

IV. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor ordenó la radicación de los mencionados medios de impugnación en la Ponencia a su cargo, los admitió a trámite y, al no encontrarse pendiente de desahogar prueba alguna, ni diligencia que practicar, decretó el cierre de instrucción de los mismos, quedando los juicios en estado de dictar sentencia; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los juicios al rubro indicados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos el 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 79, y 83, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de cuatro juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en los cuales los promoventes aducen la presunta vulneración a su derecho político-electoral de ser votado, en la vertiente de acceso y desempeño del cargo de elección popular que detentan.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por esta Sala Superior, número 19/2010[1], del rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DEL JUICIO POR VIOLACIONES AL DERECHO DE SER VOTADO, EN SU VERTIENTE DE ACCESO Y DESEMPEÑO DEL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR."

SEGUNDO. Acumulación.

Esta Sala Superior considera que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números SUP-JDC-746/2015, SUP-JDC-747/2015 y SUP-JDC-748/2015, deben acumularse al diverso SUP-JDC-745/2015, por ser el primero que se presentó, toda vez que se advierte conexidad entre los mismos, debido a que en sendas demandas se impugna por los actores, la misma autoridad responsable, el mismo acto reclamado, a saber, la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, que desechó los juicios ciudadanos locales números 03/2015, 04/2015, 05/2015 y 06/2015, acumulados.

En efecto, esta Sala Superior tiene la facultad de acumular los medios de impugnación de su competencia, para facilitar su pronta y expedita resolución, cuando se advierta que entre dos o más juicios o recursos existe conexidad en la causa, al controvertirse el mismo acto o resolución con los mismos conceptos de impugnación, o bien, se aduzca respecto de actos o resoluciones similares, según se advierte de los artículos 199, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Doctrinariamente se ha establecido que existe "conexión de causa", cuando las acciones ejercidas por diversos demandantes o por el mismo pero en diversas vías, tienen elementos comunes, básicamente el objeto del juicio y la causa de pedir, esto es, en la relación jurídica que los vincula sustantivamente.

En los casos analizados, como ya se señaló, se observa que los actores controvierten de la misma autoridad responsable, el mismo acto reclamado; por tanto, atendiendo al principio de economía procesal, debe decretarse la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números SUP-JDC-746/2015, SUP-JDC-747/2015 y SUP-JDC-748/2015, al diverso SUP-JDC-745/2015, por ser este último el primero que se presentó y, consecuentemente, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

TERCERO. Requisitos de procedencia.

En concepto de esta Sala Superior, se colman los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1; 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con las consideraciones siguientes:

a) Forma. Los medios de impugnación que se examinan cumplen con los requisitos de forma establecidos en el artículo 9, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que las demandas se presentaron ante el tribunal local responsable; en ellas se hace constar el nombre y la firma autógrafa de los promoventes; el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para tal efecto; se identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basan las impugnaciones, así como los agravios que, a juicio de los actores, les causa la resolución controvertida y los preceptos presuntamente violados.

b) Oportunidad. Se cumple con el requisito, porque de conformidad con las constancias que obran en autos, se observa que la resolución impugnada fue notificada a los actores el diecisiete de febrero de dos mil quince, y los enjuiciantes presentaron sus escritos de demanda el veintitrés siguiente.

En la especie, el término de cuatro días que para efecto de presentación de los medios de impugnación en materia electoral, establece el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, transcurrió del dieciocho al veintitrés del propio mes y año, descontando para tal efecto los días veintiuno y veintidós, por ser sábado y domingo, respectivamente, en términos de lo dispuesto por el artículo 7 de la ley adjetiva de la materia, en atención a que en la actualidad en el Estado de Coahuila, no se lleva a cabo proceso electoral alguno.

De tal suerte, que si las demandas de juicios ciudadanos de que se trata, se presentaron el veintitrés de febrero del año en curso, es claro, que su promoción fue oportuna.

c) Legitimación. Los presentes juicios fueron promovidos por parte legítima, en términos del artículo 79, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que se trata de ciudadanos, en su carácter de diputados plurinominales de la LX Legislatura del Congreso de Estado de Coahuila de Zaragoza, que hacen valer la presunta violación al derecho político-electoral de ser votado, en su vertiente de acceso y ejercicio del cargo.

d) Interés jurídico. Se advierte que los accionantes cuentan con interés jurídico para promover los juicios ciudadanos de mérito, en razón de la existencia de un derecho legítimamente tutelado, siendo éste el del ejercicio del derecho de votar y ser votado en su vertiente de acceso y desempeño de un cargo de elección popular. Además de que fueron quienes promovieron las demandas de juicio ciudadano local que dieron origen a la emisión de la resolución que ahora controvierten por estimarla ilegal y violatoria al derecho fundamental previamente precisado.

e) Definitividad. Se satisface este requisito, porque el presente juicio es interpuesto para controvertir la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto del cual no existe diverso medio de defensa, por el que pudiera ser revocado o modificado.

Al estar colmados los requisitos de procedencia indicados, y toda vez que esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no advierte oficiosamente que se actualice alguna causal de improcedencia, se procede a realizar el estudio de fondo de la controversia planteada por los actores.

CUARTO. Acto impugnado y agravios.

Partiendo del principio de economía procesal y en especial, porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo, se estima que resulta innecesario transcribir el acto impugnado.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 219558[2], la cual es del tenor literal siguiente:

ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías.

De igual forma se estima innecesario transcribir las alegaciones expuestas en vía de agravios por los accionantes, sin que ello constituya una transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad por parte de esta Sala Superior, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis; lo anterior, sin perjuicio de que en el considerando subsecuente se realice una síntesis de los mismos.

Al respecto, resulta ilustrativa, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.58/2010[3], sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es como sigue:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

QUINTO. Síntesis de agravios.

Del estudio de los escritos de demanda se advierte que los actores hacen valer los siguientes motivos de inconformidad.

Señalan los actores que el derecho político-electoral a ser votado, previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí incluye el derecho a desempeñar el cargo público representativo, derecho que debió ser protegido por el Tribunal Electoral del Estado, dado que abarca también el de permanecer en el cargo y el derecho a desempeñar las atribuciones propias del puesto sin sufrir perturbaciones ilegítimas.

En este contexto, señalan, parecería que la sentencia del tribunal responsable, como la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que toma como fundamento, presentan una contradicción en su argumentación: si en un primer momento la tesis de jurisprudencia 34/2013, señala que el derecho de acceso al cargo se agota, precisamente, en el establecimiento de las garantías y condiciones de igualdad para ocuparlo por ello, debería comprender justamente las actividades individuales que puede desarrollar cada legislador como representante democrático.

Es decir, si el papel fundamental de un parlamento constitucional es el ejercicio de la potestad legislativa del Estado, la aprobación de sus presupuestos y el control de la acción del Gobierno, serían entonces el ejercicio individual, en condiciones de igualdad de la función legislativa y del control del Gobierno las facultades propias que asume cada legislador al acceder el cargo que deben ser protegidas por la jurisdicción constitucional al encontrar su fundamento directo en la misma.

De igual modo, consideran los actores que el Derecho parlamentario, en tanto conjunto normativo regulador del Parlamento que encuentra su fundamento inmediato en la Constitución, es susceptible de control constitucional.

Lo anterior, dado que las Cámaras legislativas de un verdadero Estado democrático, al establecer sus Reglamentos parlamentarios, como a la hora de ejercer sus facultades a través de sus órganos de gobierno, no pueden ignorar las disposiciones constitucionales o violar el desempeño igualitario del cargo público de sus integrantes, y no puede depender de lo previsto por la norma que lo desarrolla (Reglamentos parlamentarios o Leyes orgánicas de los Congresos), sino que hay un contenido que debe extraerse directamente de la Constitución y de los postulados propios del Estado constitucional.

Asimismo aducen, que, en el caso, las normas parlamentarias emitidas por el Congreso de Coahuila, vulneran su derecho a ser votado, en su vertiente del desempeño del cargo, por no permitirles ejercer su representación democrática en condiciones de igualdad y la garantía del respeto de los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto igualitario de deliberación pública.

Por tanto, aducen que acuden a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para cambiar la concepción del Derecho parlamentario como un conjunto de normas y actos que no son susceptibles de revisión constitucional, sino por el contrario, este Derecho constituye, en un auténtico Estado democrático, un conjunto de principios y normas que desarrollan el contenido material de los postulados normativos fundamentales que dispone la Constitución para regular el Parlamento que ella misma crea.

Asimismo, manifiestan los actores que la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza establece en sus normas una organización del seno parlamentario que vulnera el ejercicio de su derecho político electoral a ser votado, previsto en los artículos 27, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su vertiente de desempeño del cargo en condiciones igualitarias.

Esto, porque, con el cambio de las reglas parlamentarias relativas a los derechos y prerrogativas de los Grupos Parlamentarios y Fracciones Parlamentarias, así como de la composición de la Junta de Gobierno del Congreso, el Partido Revolucionario Institucional pretende garantizar su plena influencia en las decisiones fundamentales del Congreso del Estado y minimizar la posibilidad de acción y contrapeso del Partido Acción Nacional que es la segunda fuerza de oposición.

Al disponer el párrafo tercero del artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, que cuando en la Cámara algún partido político cuente con tan solo una o un diputado, estos podrán optar por formar una "Fracción Parlamentaria" y que éstos, además, tendrán los mismos derechos y prerrogativas que los Grupos parlamentarios, lo que diluye en automático el valor, función y significado de los Grupos, pues sin importar el número de diputados que tenga un determinado partido para la formación de su Grupo Parlamentario, su representación estará equiparada, de forma igualitaria, a la de cualquier diputada o diputado en el Congreso de Coahuila.

Asimismo, aducen los actores de conformidad con el artículo 57 de la Ley Reglamentaria del Congreso Local, si bien son los grupos parlamentarios los que pueden elegir a los miembros de la Mesa Directiva y, por tanto, quienes tienen un derecho preferencial para la elección de los mismos, al haberse equiparado a las fracciones parlamentarias con los mismos derechos de los Grupos, se diluye considerablemente la posibilidad de influencia del principal Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional al hacerse prácticamente nulo su derecho preferencial de participación en las decisiones parlamentarias como Grupo de oposición principal en el Congreso del Estado.

Por lo anterior, señalan que el párrafo tercero del artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, rompe el sentido y la lógica normativa que dispone el artículo 58 de la propia ley.

En este contexto refieren, el acuerdo emitido por el Congreso por el que se declaran legal y formalmente constituidos los Grupos Parlamentarios y Fracciones Parlamentarias de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, vulnera su derecho político electoral a ser votado, en su vertiente de desempeño del cargo, por no permitirles ejercerlo en condiciones igualitarias. Al efecto consideran tienen aplicación al caso las Jurisprudencias 27/2002 y 20/2010 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubros “DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO, SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN” y “DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO.”

Del mismo modo, manifiestan que el acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Zaragoza por el que se declara legal y formalmente constituida la Junta de Gobierno de la Sexagésima Legislatura vulnera su derecho político-electoral a ser votado, en su vertiente de desempeño del cargo, porque de acuerdo con el artículo 62 de la Ley Orgánica en cuestión, la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, "es el órgano de gobierno encargado de la dirección de los asuntos relativos al régimen interno del Poder Legislativo, con el fin de optimizar sus funciones legislativas, políticas y administrativas, conforme a lo dispuesto en la ley".

Además, el artículo 63 de la misma ley señala que en dicha Junta "se expresará la pluralidad del Congreso y funcionará como un órgano colegiado que servirá de enlace entre los grupos parlamentarios y fracciones legalmente constituidos en el seno de la legislatura" a fin de impulsar entendimientos y alcanzar acuerdos y el artículo 64 prevé que la Junta de Gobierno se integrará por las y los coordinadores de los grupos parlamentarios constituidos. Y que, las y los diputados de los partidos políticos que no hayan formado grupo parlamentario, podrán participar con voz pero sin voto en la Junta de Gobierno.

Sin embargo, según los actores dada la nueva equiparación que el artículo 55 de la ley realiza en favor de las "fracciones parlamentarias" como Grupos parlamentarios, la nueva Junta de Gobierno de la recién constituida Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, se encuentra constituida no sólo por los dos Grupos Parlamentarios principales de los partido políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, sino por todos los demás parlamentarios restantes, que a pesar de no haber podido formar un Grupo parlamentario formal y que deberían, por tanto, sólo participar con voz pero sin voto en la Junta de Gobierno que cuentan con los mismos derechos y prerrogativas que los dos Grupos Parlamentarios principales, por lo que pueden influir de la misma manera.

Por otro lado, también señalan los actores que el acuerdo emitido por la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila sobre la propuesta para la integración de las Comisiones dictaminadoras permanentes y Comités de la Sexagésima Legislatura, particularmente por lo que se refiere a la Comisión Dictaminadora Permanente de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias vulneran su derecho político-electoral a ser votado.